En “Derecho del fútbol: presente y futuro”, obra coordinada por el profesor Antonio Millán Garrido, presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, publiqué “La regulación de las gradas de animación”. Analizaba el entonces (2015) proyecto de “Reglamento de venta de abonos y entradas”. Mediante esa norma, la Liga reguló las gradas de animación. Fue una de las respuestas al homicidio ocurrido cerca del Calderón en noviembre de 2014.

Mis conclusiones eran muy críticas. El reglamento es francamente mejorable. ¿Debería sorprendernos? Al fin y al cabo los clubes se estaban regulando a sí mismos. Y no pocos dan motivos sobrados para sospechar de la sinceridad de su compromiso en la lucha contra la violencia. ¿Por qué dimite el Estado?

De nuevo está de actualidad el Frente Atlético, sedicentemente disuelto por el Atlético de Madrid en 2014. Y Suburbios Firm, facción del presunto autor de las cuchilladas a otro elemento del grupo. Son camaradas, en Outlaw Madrid y HSM, de los que tomaron violentamente el poder en Ultras Sur en noviembre de 2013. El Madrid no dudó entonces en disolver la grada joven, cuyo control habría quedado en manos de ellos. Y definió normas para la nueva grada de animación. La identificación biométrica y el abono intransferible, que le enfrentó a los ultras, serían copiados en el Reglamento de la Liga dos años después.

Lo que no se puede copiar en una norma es el valor político necesario para eliminar a los grupos organizados que utilizan las gradas para reproducir la violencia. El valor de asumir ganarse una oposición tenaz donde se tiene soporte. O sea, el que tuvo Florentino Pérez en 2013 y 2014. Es deplorable confundir a los lectores, presentando ese efecto de la decisión de Florentino como su motivo. Nunca es lícito mentir. Menos aún para someter a la propia agenda política la lucha contra la violencia.

Publicado en Marca, el 20 de enero de 2018